Un juez de menores exhortó al Ejecutivo a través de la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia de Tucumán, para que trate de implementar de modo formal un protocolo de prácticas restaurativas y medidas alternativas tendientes a resolver los conflictos surgidos en los procesos penales juveniles, sin recurrir a procesos judiciales. Lo hizo en medio de la investigación de un abuso sufrido por una menor, en el que la acusada era otra joven de la misma edad.

La Justicia restaurativa no reconoce la sanción como un valor en sí mismo sino que realiza intervenciones que generen en el joven o la joven su responsabilización y la manera de restaurar aquello que sus actos generaron. De la misma forma, la justicia restaurativa involucra a las víctimas para que puedan reafirmarse y puedan volver a tomar el control de sus vidas y no sean objeto de procesos de revictimización.

La causa es de 2016, cuando las protagonistas del caso eran menores. Tras el abuso se inició una causa pero a pesar del tiempo el caso ni siquiera llegó a juicio. Finalmente la víctima pidió el cierre de la investigación por el tiempo transcurrido, y porque quería poner fin a esa experiencia.

El juez de Menores Federico Moeykens reunió a las partes y propuso una salida alternativa, con el visto bueno tanto de la fiscalía, la representante de la menor víctima y el patrocinante de la acusada, y le dio intervención del equipo interdisciplinario de la Dirección de Juventud, a efectos de que realicen un abordaje restaurativo con la imputada y lleguen a una posible salida alternativa (conciliación) en el proceso.

“Se busca que se logre componer los intereses de la víctima y la imputada, ambas personas menores de edad al momento del hecho”, advirtió el juez. Y recordó que.”si el objetivo de la justicia penal juvenil es promover la reintegración social del adolescente y que este asuma una función constructiva en la sociedad, debemos bajar a tierra todas las premisas que garantizan a los adolescentes un trato especial, llevándolas verdaderamente a la práctica sin que queden en letra muerta, a fin de dar cumplimiento con la finalidad restaurativa y resocializadora del proceso penal juvenil, que procura que el adolescente en conflicto con la ley tome conciencia de sus actos y logre implicarse”.

Al fundar la sentencia el magistrado sostuvo que “la respuesta no es sólo castigar, sino hacernos cargo del lugar que ocupamos, siendo protagonistas de nuestra propia transformación”. De esta manera, lo que se pretende con las llamadas prácticas restaurativas es apelar a que las víctimas puedan volver a tomar el control de sus vidas, no siendo objeto de procesos de revictimización, y que el adolescente en conflicto con la ley penal genere por sí respuestas que lo ayuden a responsabilizarse y a reparar el daño causado”.

Según las normas nacionales, “La Justicia Juvenil restaurativa incorpora a la comunidad en los procesos haciéndola partícipe de la solución de los flagelos que acarrea la generalización de los problemas delictivos en los jóvenes, y coordina un uso más eficiente y eficaz de los recursos públicos y privados para disminuir la reincidencia de los adolescentes que han infringido la ley penal”.

“La mirada restaurativa se fundamenta en la creencia en la capacidad de las personas para afrontar su conflictividad. La lógica restaurativa promueve la cooperación, la composición entre las partes y envuelve un perfil pedagógico en la forma en que nos deberíamos relacionar, sin llegar al uso de la violencia”.

Hace pocos días, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de Córdoba, Julián López, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de esa provincia, Sebastián López Peña, y el intendente de la Municipalidad de Córdoba, Martín Llaryora, firmaron un convenio de colaboración que inicia la puesta en marcha del Programa de Justicia Juvenil Restaurativa para adolescentes en conflicto con la ley penal.

Así, los diferentes actores del Estado ampliaron las posibilidades de respuesta en el sistema de justicia juvenil y establecieron procesos de colaboración a fin de maximizar la eficacia y eficiencia en la implementación de respuestas restaurativas en el ámbito de los jóvenes que han infringido la ley penal y de sus víctimas también.